SEGUROS: Abogados irán a la justicia por fraude a ART
En solo dos meses habían presentaron 400 pedidos de acuerdos por enfermedades como lumbalgia o pérdida de capacidad auditiva. También hay un médico implicado y‚ curiosamente‚ aún se investiga el grado de complicidad que pudieron haber tenido las aseguradoras.
La Justicia mendocina hace tiempo que viene tras ellos. Son tres abogados dueños de un estudio jurídico en dicha provincia el cual comenzó a presentar centenares de acuerdos entre trabajadores y diferentes Aseguradoras de Riesgo de Trabajo‚ para el pago de indemnizaciones por “enfermedades profesionales no listadas” y ahora una fiscal los acusa‚ junto a un médico encargado de firmar los certificados truchos‚ de estafa por las irregularidades en las indemnizaciones.
Resulta ser‚ que estos “hombres de las leyes” presentaban casos ante la Justicia Laboral de Mendoza de pacientes con dolencias en la espalda o pérdida parcial de la capacidad auditiva para realizar rápidos acuerdos para conseguir una pronta homologación y así evitar el control de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. De cada uno de esos arreglos‚ los abogados se llevaban un porcentaje importante en concepto de honorarios.
Según el diario digital local Mendoza on line‚ desde las Cámaras de Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia habían advertido que detrás de esa cantidad inusual de pedidos de homologación existía una irregularidad. Y la justicia penal confirmó esas sospechas imputando a los especuladores de estafadores “en grado de tentativa”.
Hasta el momento‚ de los más de 400 acuerdos presentados por estos abogados -y que están siendo objeto de revisión- los primeros 13 que fueron analizados estuvieron fundamentados en certificados de salud falsos. Por esa razón‚ también hay un médico imputado. Se llama Emilio Rubotti y fue quien confirmó que todos los demandantes tenían algún tipo de dolencia.
Esto se supo a raíz del análisis de los casos que realizó el Consejo Médico Central (dependiente de la SRT) revelando así que los 13 pacientes no estaban enfermos. No tenían problemas auditivos ni padecían lumbalgias.
En menos de 60 días‚ sólo las Cámara Laborales del Gran Mendoza habían recibido pedido de homologación de acuerdos por más de 3 millones de pesos; un dato que sirve para dimensionar cuánto dinero se estaba manejando en esta movida que se extiende al resto de las provincias.
En todos los casos‚ se había decidido acudir a la Justicia para evitar el control de la Oficina de Homologación y Visado de la SRT‚ donde‚ tal vez‚ hubiesen sido descubiertos los certificados médicos falsos.
En un primer momento‚ se pensó que esta maniobra estaba patrocinada por la mismas ARTs. A través de este tipo de acuerdo‚ tenían la posibilidad de acceder a un fondo fiduciario creado específicamente para pagar a los trabajadores que padecen trastornos hipoacúsicos o dolores musculares como la lumbalgia. Ese dinero podía volver a manos de las empresas de dos maneras: o con el visto bueno de la Consejo Médico Central o con una autorización judicial.
”En ese cuadro de situación‚ los abogados de los trabajadores y los representantes de las aseguradoras optaron por la segunda opción. Por lo general‚ como era un acuerdo entre partes y sin litigiosidad‚ los jueces laborales ponían la firma y listo. Así‚ se evitaban los trámites requeridos por el organismo de control específico”‚ informó el portal de noticias.
Si bien este movimiento todavía no fue confirmado‚ desde la SRT y desde la justicia penal siguen con la mira puesta en las ARTs. Si el objetivo no era sacar dinero del fondo fiduciario‚ no se descarta que hayan existido “arreglos” para que los abogados de las compañías aseguradoras también se llevaran un porcentaje de las indemnizaciones. Hacia uno de esas posibilidades apuntó la cuarta imputación de la fiscal Daniela Chaler. Es contra Elías Gustavo Mansur‚ abogado de la La Caja.
Lo llamativo en esta historia es que‚ a pesar de haber sido perjudicadas para pagar indemnizaciones a partir de certificados médicos truchos‚ ninguna ART se presentó como querellante en la causa penal. Sus representantes aportaron pocas pruebas‚ faltaron a las citaciones cuando se los convocó como testigos e hicieron de cuenta de que el dinero que pagaron o que estuvieron por pagar no era de ellos.
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